La resolución 50 del Comité de Comercio Exterior, vigente desde el 1 de enero pasado, estableció una cuota global para las importaciones de vehículos terminados y para ensamblaje en el país durante el 2016.
Los USD 655 680 927 fijados permitirán comercializar un total de 84 555 unidades, de las cuales 23 285 podrán ser importadas y 61 270, armadas localmente. En el primer caso, la cifra representa un 9% menos de lo que se importó el año pasado. En el caso de los ensamblados, por el contrario, hay un incremento del 5%. Ante esta situación, Gloria Navas y Jaime Cucalón, titulares de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade) y de la Asociación Ecuatoriana Automotriz (AEA), respectivamente, expresaron la preocupación del sector por la renovación del esquema restrictivo a las importaciones de vehículos. Los directivos realizaron un recuento de los diferentes mecanismos de limitación de las importaciones que se han implementado desde el 2011, entre los que se cuentan los registros de importadores, las licencias de importación, la restricción cuantitativa (resolución 66) y su prórroga para el 2015 (resoluciones 49 y 3). Ampliar Jaime Cucalón (izq.), de la AEA, y Gloria Navas, de la Aeade, expresaron la posición de los importadores.
No obstante, la restricción no es el único tema que preocupa a las empresas automotrices. Navas también se refirió a la sección de la resolución 50 que posibilita importar vehículos a cualquier persona jurídica cuya actividad económica registrada sea la venta de vehículos al por mayor o menor. Según la presidenta de la Aeade, de las 44 empresas importadoras actualmente registradas se podría pasar a más de 1 000, lo cual restaría el cupo establecido y afectaría la planificación anual de las compañías, pues no tendrían certeza de la cantidad de vehículos que podrían importar y vender ante el ingreso de nuevos actores. Cucalón, por su parte, advirtió sobre los riesgos de una importación indiscriminada de vehículos, tanto en el cumplimiento de las normativas de seguridad vigentes como en la provisión de garantías a los consumidores.
Fuente: Diario El Comercio.
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